La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia establece la obligación de acreditar, para quienes pretendan acceder o ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, que no tienen antecedentes penales por haber cometido delitos sexuales. Hasta la entrada en funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, el próximo 1 de marzo, la ausencia de antecedentes se acreditará mediante el certificado de penados, que puede ser obtenido a través de diversos canales.
Sin embargo una vez más la improvisación del Ministerio de Justicia al poner en marcha sus propias reformas genera un caos para los ciudadanos, profesionales y la propia administración y sus trabajadores que son los que pagan las consecuencias. Y así las Gerencias Territoriales del Ministerio se han visto desbordadas en estos últimos días e incapaces de prestar este servicio en el plazo fijado.
El Ministerio de Justicia pone a disposición de los ciudadanos y de las entidades que lo necesiten un amplio abanico de opciones para facilitar el cumplimiento de esta obligación legal . Es posible solicitarlo de forma presencial, por medios telemáticos o por correo.
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